Solicitud de autorización judicial para esterilización de incapacitado judicialmente

* AVISO: La Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, ha suprimido el segundo párrafo del art. 156 del Código Penal, sobre la estirilización de las personas con discapacidad.

Don/Doña. _______________, Procurador/a de los Tribunales adscrito al Ilustre Colegio de Procuradores de ___________, actuando en nombre y representación que acreditaré Apud Acta, de Don/Doña. _______________, mayor de edad, con D.N.I.___________, con domicilio en C/ _________________nº ___ de la localidad de __________, bajo la dirección Letrada de Don/Doña. ________________, con número de colegiado _________, comparezco ante el Juzgado y como mejor proceda en derecho, DIGO:  

Que mediante el presente escrito y siguiendo las expresas instrucciones de mi representada, interponemos SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL para que se promueva la esterilización de Don/Doña ____________, con D.N.I.__________, con domicilio en C/ _____________ nº ___ de _______, en virtud de los siguientes, 

PRIMERO.- Con fecha ___ de _________ de _____, se dictó Sentencia número _____, por el Juzgado de _______, dictada en procedimiento de incapacidad, por la que se rehabiliaba la patria potestad sobre Don/Doña ________, a Don/Doña ________ y Don/Doña ________. 

SEGUNDO.- Que desde ___ de __________ de _____, Don/Doña ______sufre _______, por lo que se aconseja la necesidad de la medida acordada, tal y como se estipula en el informe médico del Doctor/a ________, que se adjunta como documento número __. 

TERCERO.- La STC nº 215/1994, Pleno, de 14 de julio ^{[j 1]} determina que en el Fundamento Jurídico tercero que la disposición examinada, referida siempre a un supuesto concreto y excepcional, excluye radicalmente cualquier política gubernamental sobre la esterilización de los deficientes psíquicos, ya que la prevista en el precepto sólo puede autorizarse a solicitud de parte legitimada por el Juez, es decir por la única autoridad a quien la Constitución confiere el poder de administrar justicia que, dotada de independencia y de imparcialidad, reúne no sólo las mayores garantías constitucionalmente exigibles, sino que son las únicas a quienes podría encomendar el legislador tan trascendente como delicada misión. La intervención judicial, por tanto, es...