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Demanda solicitando la suspensión del plazo del contrato y del pago de la renta de contrato de alquiler tanto de vivienda como de local a causa del COVID-19

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Vincent
AutorvLex
Actualizado aSeptiembre 2022



AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

…………………………………… [Nombre y apellidos del procurador/a], Procurador/a de los Tribunales, del Ilustre Colegio de Procuradores de ………….(ciudad) con el nº de Colegiado ………., actuando en nombre y representación de ……………………. [Nombre y apellidos del arrendatario/a demandante], mayor de edad, de estado civil …………..., vecino de ……………., con domicilio en ………………..., y D.N.I. nº ………………....., según acredito con la copia de la escritura de poder [doc. Nº 1] que acompaño al presente escrito, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito y en la acreditada representación que ostento y con la asistencia letrada del Abogado ………………………….. [Nombre y apellidos del abogado/a], nº de colegiado ……………….. formulo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra …………………………………… [Nombre y apellidos del arrendador/a demandado/a], mayor de edad, vecino de ……………. con D.N.I nº …………………….. y domicilio en ………………….. SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LA RENTA de arrendamiento relativo a la vivienda/local sita en ………………………………….

Se basa la demanda en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.

Mi representado es arrendatario de la vivienda/local sita en ……………………., en virtud del contrato de arrendamiento celebrado el día …………………….. suscrito con el hoy demandado/a en el que se estipuló una duración de ………. años.

Se acompaña como doc. Nº 2 de la demanda copia del contrato de arrendamiento.

SEGUNDO.

En la cláusula nº…….. de dicho contrato arrendaticio se pactó una renta mensual establecida en …………………. euros mensuales [................... €].

TERCERO.

En marzo de 2020, el Gobierno español publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En el art. 7 del citado Real Decreto se acordaba imponer la limitación de la libertad de circulación de las personas salvo para aquellos que realizaban las actividades dedicadas a la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, desplazamiento a entidades financieras y de seguros, por causa...

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