Demanda de juicio ordinario en acción individual de nulidad de condiciones generales de contratación acumulando la acción de reclamación de cantidad

Autor:Paz Cano
Cargo del Autor:Abogada
RESUMEN

Se demanda a entidad bancaria en acción individual de las condiciones generales de contratación y se acumula la acción de reclamación de cantidad. Arts. 3, 4 y 59 del RDL 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias. Art. 2, 5, 7, 9, 10 de la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre... (ver resumen completo)

 
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AL JUZGADO

.................., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de ............., según Poder para Pleitos que se acompaña/designa Apud Acta que se formalizará cuando para ello sean requeridos, y bajo la dirección letrada de ....., abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de ... con el núm. .... ante el juzgado comparezco y como mejor en derecho proceda, DIGO:

Que mediante el presente escrito interpongo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO EN ACCIÓN INDIVIDUAL DE NULIDAD DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN ACUMULANDO LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.

La DEMANDADA es la entidad ..... SA con domicilio ........

Fundamento la presente demanda en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

HECHOS:

PRIMERO. - CONTRATO:

En fecha ... de . de . la entidad . . y mis representados. suscribieron escritura de préstamo hipotecario ante .. Notario ..., bajo el número ..de su protocolo.

El referenciado contrato contiene las siguientes condiciones:

Capital prestado: .

Tipo de interés inicial: .

Índice de referencia: EURIBOR.

Diferencial: ..

Plazo de amortización ...años (.. cuotas)

Se acompaña como documento núm. 1 copia de la escritura de préstamo hipotecario, señalando como ubicación de los originales para el supuesto de que ésta fuera impugnada de contrario, el protocolo del referido notario.

SEGUNDO. - CONDICIÓN DE CONSUMIDOR Y USUARIO DE LA PARTE ACTORA Y CONDICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA.

De conformidad con el artículo 3 Del RDL 1/2007 de 16 de noviembre, Ley de consumidores y usuarios, y el art. 2.b) de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, mi cliente, como persona física que actúa en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional, tiene la condición de consumidora.

La garantía hipotecaria es la vivienda habitual de los actores, y está ubicada en ......./El domicilio de los actores está ubicado en.............

Se acompaña como documento núm. 2 Volantes de empadronamiento y convivencia.

TERCERO. - CONTRATO DE ADHESIÓN CON CONDICIONES GENERALES.

Nos hallamos ante un contrato de adhesión con condiciones generales, no negociadas individualmente y cuya incorporación al contrato ha "sido impuesta por una de las partes, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos", supuesto que de conformidad con el artículo 59 del TRLCYU queda sometido, no solo a la normativa específica de consumidores sino también a la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación.

Asimismo, tal y como contempla el artículo 1 de la Ley 7/1998 LCGC, "El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una o varias cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de esta Ley al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión."

CUARTO. - NULIDAD DE CLAUSULAS INCLUIDAS EN EL PRÉSTAMO HIPOTECARIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS.

El contrato objeto del presente procedimiento contempla, al entender de esta parte, cláusulas abusivas que por tal condición deben estimarse nulas, con los defectos inherentes a la declaración de nulidad.

Salvando la apreciación de oficio que pueda realizarse sobre el clausulado del contrato, de conformidad con la normativa comunitaria, y partiendo del artículo 6 de la Directiva 93/13, y en aplicación del artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta parte insta acción de nulidad sobre las siguientes cláusulas abusivas recogidas en la escritura de préstamo hipotecario de fecha ......, anteriormente referenciada:

  1. Cláusula financiera.... limite a la variación del tipo de interés aplicable estableciendo una clausula suelo del ..% y una clausula techo del ..%

  2. Clausula financiera .... redondeos del tipo de interés aplicable A UN OCTAVO DE PUNTO PORCENTUAL.

  3. Clausula financiera ....... Número de días del año para periodos de liquidación inferiores al año. Calculado en 360 días

  4. Clausula financiera ..... comisión por posiciones deudoras que establece en 30,05.-€

  5. Clausula financiera .... Gastos y obligaciones a cargo del prestatario.

  6. Clausula financiera ....... tipo de interés de demora, estipulados en

    QUINTO. - CONTROL DE INCLUSIÓN, TRANSPARENCIA Y CONTENIDO

    El triple control del clausulado de los contratos de adhesión con condiciones generales viene determinado por los artículos 5 y siguientes de la Ley de Condiciones Generales para la Contratación y, en el ámbito específico de los consumidores, en los Arts. 80 y ss. del TRLGCYU.

    Dicho sistema de control contemplaría los aspectos de incorporación de la cláusula en el contrato, transparencia y, finalmente, el control de contenido para determinar la abusividad.

    Sin embargo, desde la Directiva 93/13/CEE -y en concreto en su artículo 4- se establece la no valoración de la abusividad de las cláusulas (control de contenido propiamente dicho) cuando éstas versan sobre elementos esenciales del contrato, por lo que en ese caso únicamente se podrá entrar -a los efectos de determinar la nulidad de la cláusula- en la valoración de los controles de incorporación y de transparencia.

    Así pues, el tribunal supremo, a raíz de la sentencia de fecha 9 de mayo de 2013, y todas aquellas posteriores dictadas por nuestro más alto tribunal, procede a valorar la nulidad de una cláusula esencial (cual sería una cláusula de limitación a la variación del tipo de interés) únicamente en base a los controles de inclusión y transparencia, ambos recogidos en los artículos 5.5 y 7 de la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación y en el artículo 80 del RDL 1/2007 que aprueba el texto refundido de la ley de consumidores y usuarios.

    En cuanto al primero de estos controles, la inclusión en el contrato con condiciones generales viene definido por los requisitos que establece el art. 80 del RD 1/2007, que enumera aquellos que deben contemplar las cláusulas no negociadas individualmente: Concreción, claridad y sencillez; Accesibilidad y legibilidad; y Buena fe y justo equilibrio.

    Es en este contexto donde la Sentencia de fecha 9 de mayo de 2013, el Tribunal supremo afirma que, con la información facilitada, al contemplar ésta los términos regulados por la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, se cubren las exigencias respecto a su conocimiento por el adherente al tiempo de la celebración del contrato, siempre y cuando las cláusulas no sean ilegibles, ambiguas, oscuras o incomprensibles. Superando así, al menos inicialmente, el control de inclusión en el contrato y dejando el control de transparencia a una valoración caso por caso.

    En definitiva, la superación del control de inclusión o incorporación en el contrato queda definida por el cumplimiento de las normas imperativas sobre la contratación bancaria para este tipo de productos:

    Llegados a este punto debemos invocar no sólo la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, ya que ésta no será aplicable a todos los contratos, sino también el artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las entidades de crédito letra h), en el apartado 2 "Determinar la información mínima que las entidades de crédito deberán facilitar a sus clientes con antelación razonable a que estos asuman cualquier obligación contractual con la entidad o acepten cualquier contrato u oferta de contrato, así como las operaciones o contratos bancarios en que tal información pre-contractual será exigible. Dicha información tendrá por objeto permitir al cliente conocer las características esenciales de los productos propuestos y evaluar si estos se ajustan a sus necesidades y, cuando pueda verse afectada, a su situación financiera."

    No obstante, lo anterior, el préstamo objeto del presente procedimiento queda incardinado en el ámbito de aplicación de la Orden de 5 de mayo de 1994 al tratarse de un préstamo con un capital de 150.000.-€, ser la vivienda de la prestataria personas físicas, y hallarnos en el ámbito del derecho de consumo.

    El incumplimiento de la normativa bancaria imperativa supone pues que la cláusula no superaría el control de incorporación.

    En cuanto al control de transparencia, en la actualidad, y tras las sentencias dictadas por el Tribunal supremo, y en concreto las de fecha 18 de junio de 2012 , 9 de mayo de 2013, 8 de septiembre de 2014 , las de 24 y 25 de marzo de 2015 y 25 de noviembre de 2015, junto con las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fechas 21 de marzo de 2103, 30 de abril de 2014 y 26 de febrero de 2015, el control de transparencia ha quedado definitivamente delimitado.

    Resuelve que dicho control tiene por objeto que el adherente conozca y comprenda "las consecuencias jurídicas que, de acuerdo con el producto o servicio ofertado, resulten a su cargo, tanto respecto de la onerosidad o sacrificio patrimonial que realmente supone para el consumidor el contrato celebrado, como de la posición jurídica que realmente asumen en los aspectos básicos que se deriven del objeto y de la ejecución del contrato" (STS 8/9/14).

    Continúa la misma Sentencia (y de ella se hacen eco los Magistrados D. Francisco Javier Orduña y D. Xavier O´Callaghan en el voto particular formulado a la sentencia de 25 de marzo de 2015) que "El control de transparencia responde a un previo y especial deber contractual del predisponente que debe quedar plasmado en la comprensibilidad real de los aspectos básicos del contrato que reglamenten las condiciones generales.... Se proyecta de un modo objetivable sobre el cumplimiento por el predisponente de este especial deber de comprensibilidad real en el curso de la oferta comercial y de su correspondiente reglamentación seriada".

    Y, finalmente, respecto al alcance de ese deber, dispone la misma Sentencia que "en plena armonía con la doctrina jurisprudencial expuesta de esta sala, contempla a estos efectos la reciente STJUE de 30 de abril de...

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